Ángel JUÁREZ ABEJARO. Abogado Presidente de APROED.

Ángel JUÁREZ ABEJARO. Abogado Presidente de APROED.

Los constantes atentados a nuestro Estado de Derecho comenzaron la fatídica fecha (el 22 de agosto de 2011) en la que, con nocturnidad, alevosía y vacaciones estivales de por medio, el entonces Presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el jefe de la oposición Mariano Rajoy, acordaron modificar la Constitución Española prescindiendo de los cauces constitucionales claramente definidos en nuestra Carta Magna, entregando a los “mercados” y concretamente al eje fraco-alemán el control económico de España y gran parte de su soberanía.

Desde entonces y básicamente desde la toma del poder del PP con Mariano rajoy como presidente, nuestro Estado de Derecho ha sido sistemáticamente cercenado a base de decretos y decretos-leyes por razones ideológicas.

De manera antijurídica, haciendo caso omiso de las garantías normativas contenidas en nuestra Carta Magna, tendentes a asegurar el cumplimiento de los derechos fundamentales y a evitar su modificación, así como a velar por la integridad de su sentido y función, el actual gobierno está utilizando indiscriminadamente el principio liberal-democrático de la reserva de ley. Nuestra Constitución “consagra expresamente este postulado al prescribir que la regulación del ejercicio de los derechos y libertades contenidos en el Capítulo II del Título I se llevará a cabo sólo por ley (art. 53.1). Esta garantía se halla además explicitada en el art. 86.1, que veta la posibilidad de que el Gobierno regule por Decreto-ley cuanto afecte a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I. Al propio tiempo, nuestro texto constitucional reserva a las leyes orgánicas el desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas (art. 81.1), prescribiendo que tales leyes precisan para su aprobación el voto de la mayoría absoluta del Congreso (art. 81.2)” 1*.

El actual Gobierno, sin el menor consenso y con una representatividad real muy disminuida, pasando abierta y descaradamente del resto de fuerzas políticas –que vienen a representar más del 50% de la ciudadanía española entre todas ellas, ha dictado desde que está en el poder más de 28 decretos y 16 leyes, cuestionando con ellas, cuando no vulnerando abiertamente, derechos fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna, como el derecho a la igualdad consagrado en el art. 14 CE y vulnerado abiertamente por la actual Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, y que viene a consagrar la perfecta desigualdad entre los españoles, discriminándolos entre los que disponen de capacidad económica para litigar y defender sus derechos ante la Justicia y los que no podrán hacerlo porque, aún no siendo pobres de solemnidad (para quienes se permite el acceso a la Justicia Gratuita), no llegarán por sus ingresos de tipo medio a permitirse el lujo de hacerlo (la gran mayoría de la población española). O cercenando por los recortes económicos multitud de derechos consagrados en nuestra Constitución, como es el caso del derecho fundamental consagrado en el art. 20.1.b), a la producción y creación literaria, artística científica y técnica. O los muy importantes contenidos en el art. 27: “Todos tienen el derecho a la educación”, absolutamente cercenado y capitidisminuido por la brutal política de incremento de las tasas académicas, que filtran por motivos económicos el acceso a una educación pública asequible para todos y con la salvaje reducción del profesorado en Colegios, Institutos y Universidades públicas, y de medios económicos indispensables para el desarrollo normal de su cometido. Por no hablar de los recortes en investigación, que han desmantelado en menos de un año nuestro potencial en I+D. Todo ello en beneficio de la Educación Privada, que sólo los económicamente pudientes pueden permitirse. O el art. 33 CE que consagra el derecho a la propiedad privada y a una vivienda digna (art. 47), cercenados por una desastrosa política económica que ha apoyado o encubierto descaradamente los desmanes del sector financiero de nuestro país y llevado a la ruina a más de 500.000 hogares que han visto cómo los responsables de su ruina económica les arebataban mediante ejecuciones hipotecarias sus viviendas, dejándolos en la calle, ante la pasividad del Gobierno, que ha hecho caso omiso y vulnerado el contenido del art. 33.2 CE que consagra que: “la función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con la leyes”. O el muy importante derecho fundamental consagrado en el art. 35 CE, que consagra que “todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, en un país que, como el nuestro, ya está muy por encima del 25% en tasa de desempleo y en el que la inconstitucional Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, ha cercenado brutalmente salarios y condiciones laborales fundamentales. O el catálogo de derechos fundamentales recogidos en el Capítulo Tercero del Título I de nuestra Constitución, que bajo el epígrafe De los Principios Rectores de la Política Social y Económica, garantiza que los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia (art. 39). Promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa en el marco de una política de estabilidad económica (art. 40.1). O el derecho fundamental que más descaradamente se está cercenando, en perjuicio de las clases sociales más desfavorecidas, consagrado en los arts. 41 y 43 CE, entre otros: Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones  sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en el caso de desempleo (art. 41). Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios (art. 43.1 y 2). O las desastrosas políticas sociales que han dado al traste en menos de un año con normas que han supuesto conquistas sociales de primer orden como la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, virtualmente desmantelada por el actual Gobierno, con expresa vulneración del art. 49 CE, que dice: Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestará la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos. O los recortes al poder adquisitivo de las pensiones impuestos en los últimos Presupuestos Generales del Estado, que vulneran el art. 50 CE que consagra que los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. O tolerando, cuando no permitiendo abiertamente, los atropellos y flagrantes vulneraciones de la ley (preferentes, etc.) del sector financiero, concretamente de Bancos y Cajas de ahorro, a quienes ya se ha rescatado con cargo al erario público, por importe –hasta la fecha, que se sepa- de más de treinta mil millones de euros, tolerando que la mayoría de los altos ejecutivos de muchas entidades implicadas salieran indemnes de las consecuencias de su pésima gestión al frente de las referidas entidades, que han acabado con los ahorros de multitud de clientes, de forma manifiestamente antijurídica. Actitud de los poderes públicos ésta que contraviene expresamente lo regulado en el art. 51 CE que ordena que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.

Este proceso de desmantelación sistemática de nuestro Estado de Derecho, consagrado en la Constitución de 1978, que todos los españoles nos dimos, y que obedece, como hemos dicho, a razones exclusivamente ideológicas, ha puesto en evidencia las carencias democráticas de nuestro pueblo y la urgente necesidad de una regeneración ética y moral de la ciudadanía española. Por no hablar de la urgentísima necesidad de purgar y regenerar la corrupta clase política que nos desgobierna desde hace ya tantos años y de la no menos perentoria necesidad de modificar o derogar la actual ley electoral que consagra el bipartidismo y la partitocracia.

Para ayudar en la medida de sus escasas posibilidades en tan enorme empresa, surge APROED –Abogados y Juristas Pro Estado de Derecho- que no pretende ser sólo una asociación para juristas y abogados, sino también una asociación dirigida a cualquier profesional en sentido estricto y a toda la ciudadanía española en sentido amplio, a la que todos los abogados y juristas debemos servir y de la que depende el éxito de tan hermosa misión.

Ángel Juárez (Abogado del I.C.A.M.). Presidente

*1. Antonio E. Pérez Luño. Los Derechos Fundamentales. Ed. Tecnos. 11ª edición. 2013