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UNA JUSTICIA SIN TASAS ES POSIBLE. ¡Unamos fuerzas para conseguirlo!

¡¡ TASAS NO !!

La reforma de la ley de tasas, que sólo beneficia a las personas físicas, sigue dejando en desamparo de la tutela judicial efectiva consagrada en el art. 24 CE a todo el universo de pymes presentes en nuestro país que sufren con igual virulencia que los particulares los efectos de la crisis.
Así, de los 600 millones recaudados por la Administración de justicia en tasas judiciales hasta la fecha, la reforma sólo afecta a los 40 millones recaudados a personas físicas por este concepto.
Se trata pues de una reforma preelectoralista que sólo maquilla la situación en materia de tasas y continúa perjudicando a un elevado porcentaje de la ciudadanía.
La abogacía seguirá sufriendo las consecuencias de la limitación que este filtro  ha supuesto en la litigiosidad y los ciudadanos propietarios de pymes seguirán viendo vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva que supone la inconstitucional ley de tasas.
Una justicia SIN TASAS debe ser posible. ¡Unamos fuerzas para conseguirlo!

Ángel JUÁREZ (Abogado. Presidente de APROED).

 

Abogacía, jueces, fiscales, secretarios, sindicatos y consumidores apoyan el Manifiesto ‘Un Año contra las Tasas’

El presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, la decana del ICAM, Sonia Gumpert, y representantes de la Plataforma Justicia para Todos, junto con portavoces de la Interasociativa de Jueces y Fiscales y de asociaciones de secretarios judiciales, han presentado en rueda de prensa las concentraciones contra las tasas que se celebró el 20 noviembre ante las sedes judiciales de toda España, y el MANIFIESTO SOCIAL ‘UN AÑO CONTRA LAS TASAS’.

En primer lugar, Carnicer ha dado lectura al mensaje enviado por el juez Ángel Dolado, presidente del Foro Judicial Independiente que no ha podido estar presente en el acto. Dolado  asegura que se ha evidenciado que hay menos litigiosidad “por una vía que nunca quisimos los jueces, poniendo trabas al acceso de los ciudadanos a su derecho a la tutela judicial efectiva”.

Asimismo, exige que el Tribunal Constitucional resuelva ya los recursos presentados y valore la desproporción de la cuantía de las tasas “que incluso ganando un recurso de apelación no se recupera”.

Por su parte, Joaquím Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, ha comenzado dando la gracias a la Abogacía por todas las iniciativas que está llevando a cabo contra las tasas desde que se aprobaron hace ahora un año y ha asegurado que en este tiempo se han cumplido los perores pronósticos.

“La importante reducción en el número de asuntos se deriva de que amplios sectores de la sociedad se han quedado fuera del sistema judicial. Los grandes beneficiarios son las entidades bancarias, las grandes empresas, o las aseguradoras. Fuera se queda la clase media y la clase trabajadora”. Bosch ha incidido en que  bajan los litigios a costa de excluir a una parte importante de la sociedad y dejar fuera del sistema decenas de miles de situaciones injustas.

“El desequilibrio en la balanza de la Justicia se ha producido por el peso de la tarjeta de crédito. Hay miles de personas que no pueden pagarse la justicia, que no pueden pagarse su derecho”. Bosch ha denunciado que querer descongestionar los tribunales aplicando las tasas “es como querer descongestionar los hospitales impidiendo el acceso a los enfermos.

El portavoz de Jueces para la Democracia se preguntó adónde va el dinero recaudado con las tasas. “El ministro ha hecho afirmaciones fraudulentas sobre que va a mejorar la Justicia Gratuita, ya que las partidas para el año próximo están congeladas a pesar de que la crisis ha  incremento el número de personas que necesitan este servicio. Tampoco mejoran la Justicia en general. Tienen solo un afán recaudatorio y discriminatorio y por ello pedimos su supresión”.

Por su parte, Rafael Lafuente, portavoz del Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ), advirtió que “nos encontramos ante una Justicia al borde del rescate. Tenemos una Justicia en estado crítico por la apuesta privatizadora de Gallardón, es un verdadero peligro para el servicio público.” Lafuente finalizó su intervención destacando que “las tasas judiciales suponen, a diferencia de los recortes en sanidad, la muerte silenciosa del derecho de acceso a la justicia de los ciudadanos” por no poder defenderlos ante los tribunales.

En representación de los consumidores intervino Eugenio Ribón, miembro del Consejo de Consumidores y Usuarios, quien resaltó que es la primera ocasión en la que todas las asociaciones de consumidores y usuarios piden la derogación de una norma. Ribón denunció que en la elaboración de la normativa de tasas judiciales se pidió audiencia a la banca, pero no al Consejo de Consumidores y Usuarios.

“El acceso a la justicia es el pilar de los demás derechos. Sin justicia no somos ciudadanos, sino súbditos y vasallos, por eso la lucha contra las tasas es la lucha de la sociedad civil, no solo de los operadores jurídicos”, concluyó Ribón, que puso como ejemplo de personas que no pueden reclamar sus derechos por las tasas a afectados por preferentes, afectados por claúsulas suelo o accidentados de tráfico.

El vocal de la La Unión Progresista de Fiscales, Carlos García, aseguró que las tasas judiciales son “un torpedo en la línea de flotación de la Justicia, entendida como servicio público”, alertando que el próximo 2 de diciembre cesaran todos los fiscales sustitutos, con lo que difícilmente se podrán atender los señalamientos. Respecto a la reforma del Código Penal, vaticinó que muchas faltas se despenalizarán para ir por la vía administrativa, por lo que los ciudadanos que las recurran tendrán que pagar tasas judiciales. También hay que añadir que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana impondrá elevadas multas que mermarán la defensa de los ciudadanos. “Las tasas impiden el acceso a la Justicia, y cuando los ciudadanos lo hagan accederán a un sistema judicial prácticamente desmantelado”, aseguró García.

Carlos Artal, portavoz de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales, aseguró que con las tasas judiciales se han cumplido con “creces los peores augurios”, recordando la “indeseada función que los corresponde a los secretarios judiciales de recaudar los tributos de las tasas judiciales”. Los secretarios judiciales pidieron el cese o dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón porque “nos reafirmamos en que la mayoría de las reformas de la Justicia van en contra de los ciudadanos”.

Javier Hernández, de CCOO, aseguró que las tasas forman parte de una estrategia calculada de la que forman parte los proyectos de Ley de Código Penal y de Seguridad Ciudadana, “que tratan de impedir que los ciudadanos protesten por sus derechos y protesten por proyectos de ley perjudiciales para la ciudadanía”.

Por parte de UGT, Carmen López resaltó la importancia de la unidad de todos, “a pesar de que el Ministerio intenta maniobrar con diversos colectivos para separarnos”. Al igual que el portavoz de Jueces para la Democracia se preguntó dónde está la recaudación de las tasas y para qué sirve, y concluyó pidiendo un pacto de Estado por la Justicia, “que sea real y garante d elos derechos d elos ciudadanos”.

Carlos Carnicer finalizó el acto dando lectura al Manifiesto Social ‘Un año contra las Tasas’, y con un llamamiento a la participación de los ciudadanos en las concentraciones contra las tasas: “Todos somos justiciables y nuestros derechos están en juego”

Firmado abogacia.es